SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

La participación ciudadana consiste en la capacidad de las y los ciudadanos para intervenir en la toma de decisiones que afecten su propia vida y la de su comunidad. El desarrollo tecnológico, por supuesto, es un factor que atraviesa la vida de los ciudadanos y que compete a la sociedad en tu totalidad. Es por eso que resulta indispensable reconocer cuáles son y han sido las experiencias de participación ciudadana a nivel internacional que han intervenido en el desarrollo tecnológico y científico. Y, por supuesto, se vuelve muy importante reconocer cuáles son los marcos normativos y legales que existen para incentivar el desarrollo tecnológico y científico.

Algunas de estas experiencias de participación ciudadana se basan, precisamente, en el uso de redes sociales como medios que permiten la interacción entre ciudadanos de todo el mundo. Existe, entonces, una plataforma cuyo contenido se difunde a través de las redes sociales llamada Change.org (Ver Sobre Change.org). Esta, se encarga de recopilar peticiones que las personas hacen acerca de cuestiones sociales, ambientales e, incluso, personales, que les apremian y, con la participación de personas afines a la petición que la comparten en sus redes, la difunde, para que alcance una cantidad de firmas suficientes, de manera que, con ello se pueda realizar demandas a organizaciones privadas o públicas que estén atentando contra los ciudadanos o se pueda hacer un reclamo ante instancias judiciales con apoyo de las firmas recolectadas. Esto permite, por supuesto, la participación ciudadana en cuestiones sociales, pero además la interacción con nuevas plataformas que facilitan dichas interacciones y las potencializan.

Ahora bien, desde la llegada de la plataforma Uber en 2013 a Colombia, un nuevo conflicto entre ésta y el servicio tradicional, los taxis, fue comenzando a gestarse. Claramente, reclamos de los segundos acerca de la desventaja económica que presuponía el pago de impuestos era fundamentada. No obstante, la respuesta gubernamental al conflicto no ha sido fácil, pues Uber no se ha presentado como un servicio de transporte, sino, como plataforma. El significado de esto tiene peso para la ley: la normatividad para el transporte público existentes no podían regir sobre la empresa y hasta el momento, no se contaban con criterios para regulaciones de estas plataformas. Sin embargo, a finales del 2018, el Ministerio de Transporte anunció un plan para comenzar a crear un marco jurídico que sea válido, no solo sobre Uber, sino sobre todas las demás plataformas que llegaron después, como Cabyfi y Mi Águila. La buena noticia es que su planeación pretende incorporar a todos los sectores implicados (Ver noticia en Regulaciones para Uber y otras).